La nueva normativa garantiza que los fabricantes presten servicios de reparación oportunos y rentables e informen a los consumidores sobre su derecho a la reparación.
Se crea un “Índice de reparabilidad” que clasificará los productos en función de su facilidad de reparación, para que los consumidores puedan tomar decisiones informadas antes de comprar.
Aprobada el 24 de abril de 2024, la nueva normativa establece un marco legal para reforzar el derecho de los consumidores a reparar sus dispositivos electrónicos averiados o dañados.
Esta iniciativa forma parte del «Paquete de Economía Circular» y tiene como objetivo alargar la vida útil de los productos así como reducir la generación de residuos electrónicos.
Según la Comisión Europea, la eliminación prematura de bienes de consumo produce 261 millones de toneladas de emisiones equivalentes de CO2, consume 30 millones de toneladas de recursos, genera 35 millones de toneladas de residuos en la UE cada año y cuesta a los consumidores alrededor de 12.000 millones de euros al año al sustituir los bienes en lugar de repararlos.
La garantía legal de los bienes reparados podrá ampliarse un año más gracias a su garantía de calidad, lo que incentivará a los consumidores a elegir la reparación en lugar de la sustitución. Si un consumidor solicita la reparación de un dispositivo durante el período de garantía legal y esta se lleva a cabo, la garantía se extiende automáticamente por un año adicional a partir de la fecha de la reparación.
Una vez expirada la garantía legal, el fabricante seguirá obligado a reparar productos domésticos comunes, técnicamente reparables según la legislación de la UE, entre los que se incluyen tablets y teléfonos inteligentes.
Asimismo, los consumidores también podrán pedir prestado un dispositivo de sustitución mientras el suyo está siendo reparado u optar por una unidad reacondicionada como alternativa si la reparación no es posible.
Se fomenta de esta manera la cultura «házlo tú mismo» (Do It Yourself) a través de la disponibilidad de manuales, guías, piezas de repuesto y diagnósticos gratuitos. Los fabricantes tendrán que poner a disposición de los consumidores piezas de recambio y herramientas a un precio razonable y tendrán prohibido recurrir a cláusulas contractuales y a técnicas relacionadas con los equipos o los programas informáticos que impidan la reparación de bienes. En concreto, no podrán impedir el uso de repuestos de segunda mano o impresos en 3D por talleres de reparación independientes, ni negarse a reparar un producto únicamente por razones económicas o porque anteriormente fue reparado por terceros.
Un formulario europeo de información ayudará a los consumidores a evaluar y comparar los servicios de reparación (la naturaleza del defecto, el precio y la duración de la reparación). Para facilitar la reparación, se creará una plataforma europea en línea con secciones nacionales para ayudar a los consumidores a encontrar fácilmente talleres de reparación locales, vendedores de productos reacondicionados, compradores de artículos defectuosos o iniciativas de reparación comunitarias, como los cafés de reparación.
Se espera que las nuevas medidas tengan impacto económico y social positivo en varios aspectos:
- Reducción de la basura electrónica: Según las estimaciones de la Comisión Europea, se podrían ahorrar hasta 5 millones de toneladas de residuos electrónicos al año. Esto representa un ahorro de 9.600 millones de euros en costes de gestión de residuos.
- Protección del medio ambiente: La fabricación de nuevos dispositivos consume grandes cantidades de recursos y energía. Al alargar la vida útil de los productos existentes, se reducirá el impacto ambiental de la industria electrónica. Se estima que la reducción de emisiones de CO2 podría alcanzar hasta 2 millones de toneladas al año.
- Ahorro para los consumidores: Reparar un dispositivo puede ser mucho más barato que comprar uno nuevo. Los consumidores podrían ahorrar hasta 8.000 millones de euros al año.
- Estímulo a la creación de empleo cualificado: Se estima que la nueva normativa podría crear hasta 200.000 nuevos empleos en el sector de la reparación y el mantenimiento de dispositivos electrónicos.
La nueva normativa europea representa un avance significativo hacia un futuro más responsable en el sector de la electrónica y ahora toca fomentar una cultura de reparación entre los consumidores, muy acostumbrados a guardar en el cajón los terminales averiados y comprar otros nuevos (se estima que en los hogares de la Unión se almacenan 700 millones de teléfonos móviles en desuso). Para ello se prevé la creación de un sistema de incentivos para que los consumidores opten por la reparación en lugar de la compra de nuevos dispositivos.
Confiemos en que esta regulación colabore en cierta medida a que los fabricantes diseñen sus productos con componentes fácilmente extraíbles, reparables o sustituibles a bajo coste.
Una vez que el Consejo adopte formalmente la directiva y se publique en el Diario Oficial de la UE, los Estados miembros dispondrán de veinticuatro meses para incorporarla a su legislación nacional, así que aun tardaremos en ver los efectos positivos de esta norma.
